En una escuela de un país laico deben imperar el orden jurídico y constitucional por encima de intereses privados, religiosos, ideológicos o económicos porque se enseñen unos conocimientos necesarios y unos valores civiles; así que no pueden elegir por sus cuentas una religión (ni mucho menos una ideología) quienes desempeñen esas funciones (en exclusividad educativa y, por supuesto, en posibles abusos laborales), sino agentes gobernativos que siempre deben estar sujetos, ante todo, al orden jurídico y constitucional del Estado.