No puede haber presión política o institucional sobre el conocimiento.  A ver, el conocimiento no pertenece a alguna institución (en este sentido, ni siquiera el amor, la esperanza o, ni mucho menos, la justicia).  Y, porque eso es evidente, en consecuencia ninguna institución tiene el derecho ético o disciplinario para instrumentalizar el conocer ya sea censurando o ya sea dando de antemano como no válido el adquirido por otras instituciones o, en dignidad, el de cualquier ser humano que lo decidiera adquirir de la forma más libre e independiente.